Cómo capacitan a servidores y qué modelo siguen agencias
La diputada local Ana Juana Ángeles Valencia presenta hoy en la Asamblea Legislativa (ALDF) una propuesta de punto de acuerdo para que se exhorte al procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, que informe al órgano legislativo qué lineamientos se siguieron para capacitar a las y los servidores públicos de la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales.
También para que explique qué modelo de atención o esquema está vigente en las seis Agencias Especializadas en Delitos Sexuales a partir de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, para saber si las y los funcionarios “no están capacitados para atender a quienes hacen sus denuncias”, como señaló la ex subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGJDF, Bárbara Yllán Rondero, en una entrevista publicada por Cimacnoticias.
Actualmente operan seis Agencias Especializadas en Delitos Sexuales en la Ciudad de México bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la PGJDF, ubicadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc.
De acuerdo con las opiniones de Yllán Rondero, publicadas por esta agencia, la atención que reciben las mujeres en estas instancias se caracteriza por ser deficiente e ignorando la entrada en vigor del reciente Sistema de Justicia.
En el punto de acuerdo, del que esta agencia tiene copia, Ángeles Valencia solicita concretamente a la VII Legislatura con “carácter de urgencia y obvia resolución” que el Procurador precise los esquemas “de colaboración institucional, académica y con especialistas en temas de violencia de género” con los que se capacitó y actualizó a las abogadas que brindan asesoría legal a mujeres víctimas de delitos sexuales y a los servidores públicos de la Fiscalía de Delitos Sexuales.
La diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) considera también necesario que Ríos Garza informe sobre las Agencias Especializadas a partir de la implementación del nuevo Sistema de Justicia, para verificar si “los funcionarios no están capacitados para atender a quienes hacen sus denuncias” porque, de ser necesario, se buscará también penalizar a los servidores públicos “que no tengan la mejor de las atenciones a las víctimas”.
En el acuerdo también se lee que aumentar las sanciones para quienes cometen algún delito sexual no disminuirá los casos de violencia sexual en la Ciudad de México, por lo que es necesario que “las autoridades federales y locales encargadas de la administración y procuración de justicia sean sensibles para incorporar la perspectiva de género en los procedimientos donde se conozcan y se resuelvan delitos sexuales”.
La diputada afirma que un primer llamado para que el punto de acuerdo avance sería que las autoridades garanticen “la máxima aplicación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual”, vigente desde 2016 en los lugares de trabajo, para no ignorar que cientos de mujeres son víctimas de violencia sexual en sus trabajos.
Fuente: Cimac noticias